La verdad jurídica como mandato de optimización para la motivación de providencias judiciales en Colombia

Trabajo de investigaciónLa presente investigación tiene como finalidad realizar una reflexión sobre el papel que tiene la categoría de verdad judicial en la motivación de providencias judiciales, analizar cómo esta categoría jurídica tiende paulatinamente por el progreso dogmático a situarse como derecho como mandato de optimización y además como pilar fundamental de una motivación diáfana, dado que al analizar esta categoría servirá para evitar efectos contraproducentes como tutelas contra providencias judiciales por ausencia de motivación.41 p.1. INTRODUCCIÓN 2. LA VERDAD COMO CONSTRUCCIÓN CATEGÓRICA. 3. DISTINCIÓN DE CERTEZA Y VERDAD 4. RUDIMENTOS DE LA VERDAD EN EL PROCESO 5. LA DINÁMICA DE LA IMPARCIALIDAD. 6. LA MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA. 7. TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES POR AUSENCIA DE MOTIVACIÓN 8. CONCLUSIONES 9. REFERENCIASPregradoAbogad

El debido proceso: Requisito Sine Qua Non de validez y procedencia para la expropiación del Country Club

Al desglosar los resultados y conclusiones descollantes para el caso sui generis, se contextualizó, prima facie, como problema de investigación, que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al no pronunciarse de fondo sobre la legalidad del acto de expropiación de 76.800 metros cuadrados del Country Club, afectó la celeridad de los procesos en detrimento del interés general. En consecuencia, se vislumbró que la aplicación de la novedad científica (debido proceso) en el caso referente, orientará un pronunciamiento de fondo (sentencia) respecto a la evaluación de la legalidad del acto expropiatorio. Lo anterior, en aras de constituir la primacía del interés general sobre el particular y el óptimo acceso a la administración de justicia, no en vano, la consolidación superlativa de la justicia es uno de los tantos criterios vitales del antropocentrismo del derecho, y de paso, el argumento y razón angular para la realización de esta investigación

Requisitos para demandar la acción extraordinaria de protección encontra de un laudo arbitral alegando la vulneración al derecho constitucional al debido proceso en la garantía de la motivación

With the issuance of the 2008 constitution, the judicial review of judgments and orders having the force of judgment was created by the so called extraordinary action of protection, as a jurisdictional warranty. In this context, such actions begin to raise against arbitral awards which are considered resolutions with ultimate force of judgment. In a beginning, the Constitutional Court admits the constitutional control of arbitral awards. The aim of this study is to determine which are the parameters used by the Court to analyze the motivation of arbitration awards which have been challenged by the extraordinary action of protection, so that an arbitral award can be analyzed ex ante, to determine if it exceeds what the Constitutional Court has referred to as the "Test of motivation" and if in one case, the analyzed award fails the test, to present the extraordinary action of protection. For this purpose, I'll analyze the nature of the extraordinary action of protection and the arbitration award, the motivation from the theoretical point of view and the criteria considered by the Constitutional Court about the motivation.Con la expedición de la constitución de 2008, se crea el control de constitucionalidad de decisiones judiciales y autos con fuerza de sentencia, mediante la garantía jurisdiccional denominada acción extraordinaria de protección. En este contexto, se empiezan a plantear este tipo de acciones en contra de laudos arbitrales por considerar que son resoluciones de última instancia con fuerza de sentencia. La Corte Constitucional empieza a dar paso al control de constitucional de los laudos arbitrales. El objetivo de este trabajo es determinar cuáles son los parámetros que considera la Corte Constitucional para analizar la motivación de los laudos arbitrales que han sido impugnados mediante acción extraordinaria de protección, de manera que se pueda analizar un laudo arbitral, ex ante, y ver si el mismo, supera lo que la Corte Constitucional ha denominado como el “Test de motivación”, y si en un caso, el laudo analizado no supera el test, poder presentar la acción extraordinaria de protección. Con ese propósito se estudiará la naturaleza de la acción extraordinaria de protección y del laudo arbitral, la motivación desde el punto teórico y los criterios que la Corte Constitucional ha vertido sobre la motivación

El principio de proporcionalidad en las medidas cautelares innominadas como garantía a la tutela jurisdiccional efectiva en la jurisdicción ordinaria civil colombiana: un estudio desde la jurisdicción ordinaria civil del distrito judicial de Cúcuta

Con este proyecto se buscó comprobar el desconocimiento de los operadores judiciales ante la institución de las medidas cautelares innominadas y su aplicabilidad a través del principio de proporcionalidad implementado por la corte constitucional, siendo dicho principio el objeto de estudio de la presente investigación, fundamentándonos en las entrevistas y derechos de petición realizados a los jueces civiles y magistrados de la sala civil del distrito judicial de Cúcuta, con las cuales se pudo concluir que los operadores judiciales son inexpertos frente a tan novedosa institución consagrada en el Artículo 590 del Código General Del Proceso, además de la falta de claridad que se tiene en cuanto a la aplicación del test de proporcionalidad en la imposición o no de dicha medida innominada, por lo que el grupo investigador ve la necesidad de proponer la aplicación de lineamientos que faciliten el actuar del juez en la imposición de una medida cautelar innominada

Jerarquía del precedente judicial en las fuentes formales del derecho en la administración pública en Colombia

A fin de establecer a través del análisis de diferentes conceptos cómo el problema de administrar justicia o de emitir actos administrativos se torna en una actividad compleja, se verá cómo en ambos escenarios es necesario identificar primero cuál es la fuente que respalda sus actuaciones, lo que da pie a identificar las fuentes del derecho. Se tiene entonces que las fuentes del derecho en su aplicabilidad, en cuanto a preferenciales e ilustrativas, se dividen en dos tipos: fuentes formales y fuentes materiales. Las fuentes materiales del derecho se entienden como aquellas circunstancias inherentes a la naturaleza humana que influyen de alguna manera en la formación jurídica de la sociedad, pues aspectos como los cambios políticos del momento, el régimen gubernamental que impere, el aspecto económico y las creencias sociales, necesariamente enfocan en uno u otro sentido el ordenamiento jurídico (Peña, 2011, pp. 91-111), y dependiendo de este tipo de situaciones, muy particulares de cada conglomerado, se otorga mayor o menor estima a valores que posteriormente, al positivarse en el ordenamiento, desembocan en principios y normas rectoras a partir de las cuales se desarrolla el sistema jurídico normativo. Por otro lado, referente a las fuentes formales del derecho, se habla inicialmente de que la ley es por excelencia su fuente principal, sin embargo, conforme se han constitucionalizado los Estados, la carta política ha cobrado un papel protagónico, tanto así que incluso ha subsumido la legislación. Ello da pie entonces a considerar la necesidad de otros elementos para desarrollar de mejor manera el sistema de fuentes, y es allí donde se ha permitido a la jurisprudencia hacer carrera como fuente principal del derecho, para lo cual se ha recorrido un arduo camino en el que se ha reconocido su validez de manera paulatina, entendiéndose en diferentes momentos de la historia como criterio auxiliar o como precedente vinculante para la adopción de decisiones judiciales, y se ha reconocido también que no toda decisión de un tribunal de cierre constituye precedente ni tampoco lo es toda providencia completa (López, 2009, pp. 3-28). En vista de que ambos escenarios donde se bifurcan las fuentes del derecho son bastante extensos, es preciso centrarse en el área que enmarca el problema jurídico que se ha delimitado en acápites anteriores, y por ende desde ahora se dirá que la ubicación del tema que nos convoca se centra en las fuentes formales del derecho, pues, además de la Constitución y la ley, también la jurisprudencia es fuente basilar del derecho

Acción de Tutela contra providencias judiciales: elementos, condiciones y crítica

The current Colombian constitutional regime allows citizens toexercise real control over the actions of the State, aimed at fulfilling their essentialpurposes. Sometimes, the motivations of the officials (judges in their orders andofficials in their administrative acts) are misguided, and it is necessary to resort toconstitutional defense mechanisms, such as guardianship, to avoid the violation andviolation of fundamental rights, such as Right to work and social security. Whenthe tutela action is used to exercise control over the vices in judicial sentences, it isnecessary to comply with generic and specific grounds for the constitutional action.The main objective is to determine the conditions established in the jurisprudence for the origin of the action of guardianship against the judicial orders,previously called “vías de hecho”. The study is developed by the jurisprudenceanalysis methodology, therefore, the precedents are studied, to present as a resultthe systematization of the generic and specific causes that are required for the aforementioned guardianship to prosper, The above allows to reach title of conclusionsto the criticisms of the application that the Constitutional Court is giving and thepossibilities of regulation as a solution through the recommendations presented inthe final part.El actual régimen constitucional colombiano permite que los ciudadanos puedan ejercer un control real de las actuaciones del Estado, encaminadas al cumplimiento de sus fines esenciales. En ocasiones, las motivaciones de los funcionarios (jueces en sus providencias y funcionarios en sus actos administrativos) son desacertadas, y se requiere acudir a mecanismos de defensa constitucional, como la tutela, para evitar la violación y vulneración de derechos fundamentales, como son el derecho al trabajo y la seguridad social. Cuando se utiliza la acción de tutela para ejercer un control sobre los vicios en las sentencias judiciales, es necesario cumplir con unas causales genéricas y específicas de procedibilidad de la acción constitucional.El objetivo general es determinar las condiciones establecidas en la jurisprudencia para la procedencia de la acción de tutela contra las providencias judiciales, antes llamada “Vías de Hecho”. El estudio es desarrollado por la metodología de análisis de la jurisprudencia, por lo tanto, son estudiados los precedentes, para presentar como resultados la sistematización de las causales genéricas y específicas que se exigen para que prospere la mencionada tutela, Lo anterior permite llegar a título de conclusiones a las críticas a la aplicación que está dando la Corte Constitucional y las posibilidades de regulación como solución mediante las recomendaciones que se presentan en la parte final

Verdad y pruebas civiles: ¿Es idóneo el ordenamiento probatorio civil colombiano para la determinación de la verdad en el proceso civil?

El autor del presente trabajo se propuso determinar si las normas reguladoras de la actividad probatoria desplegada en los procesos civiles son idóneas para la averiguación de la verdad. En efecto: aceptando la premisa que indica la posibilidad y necesidad de establecer la verdad de las aserciones fácticas emitidas por las partes de un proceso, el paso siguiente es determinar si un determinado derecho probatorio positivo permite o dificulta la averiguación de tal verdad. Para tal efecto, se expuso la teoría que establece la posibilidad y la necesidad del establecimiento de la verdad en el proceso civil. Luego, se identificó, en el seno del ordenamiento jurídico colombiano, el problema de la verdad. Posteriormente, se procedió a construir un concepto de prueba vinculado con el problema de la verdad, además de reconocer las normas conformadoras del ordenamiento probatorio colombiano, de conformidad con el concepto de prueba construido. Finalmente, fueron identificadas las condiciones bajo las cuales es posible determinar la idoneidad de un ordenamiento específico en relación con la búsqueda de la verdad dentro del proceso, comparando ulteriormente las normas jurídicas probatorias con las antedichas condicione

Temas de procedimiento penal: reflexiones a propósito de la ley 1395 de 2010

El Gobierno Nacional, con base en la iniciativa legislativa consagrada en el artículo 154 Constitucional y el artículo 140 de la Ley 5° de 1992, radicó el 18 de noviembre de 2008 el proyecto de Ley número 1971. Surtido el trámite reglado, el 30 de julio de 2010 fue sancionada por el Ejecutivo la Ley 13952, con el objetivo de descongestionar la administración de justicia, introduciendo reformas en los procedimientos civiles, laborales, contencioso administrativos y penales, ámbito este último respecto al cual se modificaron aspectos inherentes a la tramitación del recurso de apelación contra los autos y las sentencias proferidas por los Jueces de la República, se cambió la oportunidad para iniciar el incidente de reparación integral, se reguló expresamente la procedencia del recurso de queja, se modificaron algunos pormenores en cuanto a la resolución de los impedimentos y recusaciones, se introdujeron cambios relacionados con el desembargo de bienes del imputado o acusado y sufrieron una fluctuación los términos para sustentar el recurso de casación en los dos sistemas de procedimiento penal que actualmente coexiste

Aplicación de las sentencias de unificación en el municipio de Quibdó - Chocó a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011

CD-T 342.066 M85;86 p.La Ley 1437 de 2011, mediante la cual se adoptó el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, estableció en los artículos 10 y 102, el mecanismo jurídico de aplicación de las sentencias de unificación proferidas por el Consejo de Estado imponiendo a la Administración la obligación de observar en sus decisiones dichos pronunciamientos, dado que en los mismos dada la importancia nacional o la necesidad de concretar un tema específico se establece la interpretación que se le ha de dar a un caso particular. Conforme lo anterior, en el presente trabajo de grado se pretende realizar un análisis de la figura mencionada, verificando si en el municipio de Quibdó se ha efectuado algún pronunciamiento por parte de la administración municipal, en el que se haya aplicado alguna sentencia de unificación.Universidad Libre Seccional Pereir

La crisis de las fuentes del derecho

El presente comentario pretende hacer una aproximación al fenómeno de la crisis de las fuentes del Derecho, a partir del análisis de sendas sentencias de la Corte Constitucional y de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. La aproximación abarca tanto lo teórico como lo práctico. Lo primero se hace mediante el análisis de la sentencia de constitucionalidad. Lo segundo se realiza sobre la base del análisis de la sentencia de segunda instancia. Antes de empezar el discurso, y para evitar equívocos, es menester delinear su trayectoria: el delito de prevaricato por acción, si bien es el punto de convergencia de ambas sentencias, no es la materia principal de análisis, sino un tema tangencial u ocasional del mismo; la crisis de las fuentes del Derecho es un tema estructural en las sentencias y en el análisis, en tanto brinda un contexto a la reflexión y a la argumentación; el núcleo central del discurso será la consideración de las nuevas fuentes jurídicas, en especial de la jurisprudencia, sea constitucional, sea ordinaria o sea contenciosa, como fuente de Derecho, y de las implicaciones, (en el caso práctico que se estudia, penales) que de ello se siguen